Editorial: Dignas de atención
“La política anticorrupción seguirá incompleta si los cambios no alcanzan al Poder Judicial y el Ministerio Público”.
Por: Redacción Gestion.pe
CORRUPCIÓN. El pedido de facultades legislativas hecho por el Ejecutivo al Congreso incluye tres propuestas puntuales para la lucha contra la corrupción: crear una autoridad nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; reforzar el sistema de defensa jurídica del Estado (se creará una Procuraduría General) y establecer mecanismos que dificulten el accionar de potenciales corruptos y corruptores.
En este último punto, el planteamiento que más destaca es el de sancionar penalmente a las empresas por delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ampliando así el alcance de la Ley Antisobornos (Ley 30424, promulgada en abril pasado), que solo sanciona la corrupción “transnacional” y no la “doméstica”. Dicha ley marcó el inicio de la adhesión del Perú al grupo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que el Perú aspira integrarse en 2021.
Que las empresas, a la par de sus gerentes, puedan ser sancionadas podría ser un importante elemento disuasivo, pues la corrupción siempre requiere de dos partes. Además, sancionar solo a las que actúen mal a nivel internacional no soporta ningún análisis lógico.
Otro aspecto novedoso es el establecimiento de un registro de sanciones impuestas a abogados, cuyo fin es convertirse en un instrumento de transparencia y buenas prácticas para esa profesión, además de servir como un ranking para los nuevos graduados. El gran desafío de los gremios de abogados y las facultades de Derecho es respaldar este cambio crucial y hacer honor de sus códigos de ética.
Dado que la corrupción es de naturaleza clandestina, también se contempla generar mecanismos que incentiven las denuncias y protejan a los denunciantes. Esta medida sería la que menos inconvenientes tendría en ser aceptada por los congresistas, a diferencia de la que propone restringir el ingreso al sector público a condenados por delitos contra la administración pública.
Si bien estos avances son fundamentales, la política anticorrupción seguirá incompleta si los cambios y las actitudes renovadoras no alcanzan a dos instituciones que continúan anquilosadas: el Poder Judicial y el Ministerio Público. No hacerlo generará que cualquier intento de reforma sea infructuoso y genere temor entre los inversionistas.