Editorial: Delincuencia y PBI
Editorial de Gestión. “En el caso del Perú, el costo de la delincuencia asciende a US$ 10,325 millones, equivalentes al 2.77% del PBI”.
Por: Redacción Gestion.pe
SEGURIDAD CIUDADANA. Mucho se ha escrito sobre las dificultades que enfrentan las autoridades para combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) agrega un tema al debate: el costo de este delito para la economía. Se trata de un primer intento para medir qué porcentaje del PBI se pierde por culpa de los robos, asaltos, violaciones, secuestros y homicidios en América Latina y el Caribe.
En el caso del Perú, el costo asciende a US$ 10,325 millones, equivalentes al 2.77% del PBI, medido según la paridad del poder adquisitivo al 2014. Esa cifra equivaldría a la cuarta parte de nuestras exportaciones anuales y también se acerca a la cuarta parte del presupuesto público de este año. En otras palabras, la economía peruana registra pérdidas significativas ocasionadas por la delincuencia que, por ejemplo, son mucho más elevadas que las causadas por la corrupción (US$ 3,000 millones, según la Contraloría).
El estudio del BID aplica el método de pérdidas y gastos (método contable) y considera el ingreso perdido por las víctimas de la delincuencia y de los encarcelados por la justicia, el gasto en seguridad de empresas privadas formales y familias, y el gasto público en vigilancia, juzgados penales y cárceles. Si se suman costos indirectos, como las inversiones que se dejan de ejecutar, el costo sería mayor.
Si bien otros países de la región salen peor parados, mal haríamos en compararnos, pues estamos hablando de un problema que afecta directamente a la población y con riesgo de profundizarse. Además, el BID proporciona datos puntuales alarmantes: El Salvador y el Perú son los países con el segundo mayor costo de victimización por asaltos, violaciones y robos, y si bien compartimos con Chile la menor tasa de homicidios, la proporción de mujeres asesinadas es muy alta.
Mientras el Gobierno intenta combatir la inseguridad con nuevas normas legales, no existen propuestas para prevenir la delincuencia, es decir, para reducir las causas socioeconómicas que favorecen su aparición como la falta de empleo, y la grave situación de las cárceles, que en realidad funcionan como escuelas del crimen y que presentan niveles de hacinamiento inaceptables.