Editorial: La autoridad más esperada
Editorial de Gestión. “Lima y Callao requieren de un régimen de gestión del transporte común porque ninguna barrera física los separa”.
Por: Redacción Gestion.pe
TRANSPORTES. El Proyecto de Ley 1719 es uno de los cinco que el presidente Pedro Pablo Kuczynski entregó al Congreso el 28 de julio y, por su naturaleza, tendrá un mayor impacto en la opinión pública. Es que su objetivo es ordenar el transporte en la capital y lo hará de manera radical, pues crea la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU). Se supone que con ello se pondría fin a la superposición de funciones y a los conflictos de competencia administrativa.
Asimismo, se pondría fin a casos peculiares como los de empresas cuyas licencias de funcionamiento no pueden ser retiradas por un municipio porque fue otro el que las otorgó. Con la ATU, también debería terminar el caos en la entrega de concesiones, las rutas diseñadas de manera arbitraria y antojadiza o la falta de claridad en las responsabilidades entre entidades (como ocurrió con el accidente del cerro San Cristóbal). Si funciona como se espera, esta experiencia podrá replicarse en otras ciudades, porque el desorden del transporte es un mal nacional.
Sin embargo, el proyecto, a juicio de los primeros análisis, no es completo, pues no contempla regular el tránsito del transporte privado ni el de mercancías, que también causan una fuerte congestión. Aun así, no deberían existir motivos para que el debate del proyecto se retrase, o peor, termine encarpetado. Es que se trata de una necesidad que se ha hecho impostergable, teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad y la vergonzosa calidad del servicio de transporte público. Lima y Callao requieren de un régimen de gestión común porque ninguna barrera física los separa.
El proyecto contiene su correspondiente análisis costo-beneficio en los que se estiman los ahorros en tiempo y dinero (que en el mejor de los escenarios superarían los S/ 1,200 millones). Si hacen falta mejoras, una tendría que considerar la inclusión de la Policía dentro del Consejo Directivo de la ATU, quizás del ministro del Interior, pues es la encargada de ordenar el tránsito y su aporte sería valioso.
Por último, hay que llamarle la atención al Gobierno porque es sintomático de la falta de coordinación en el Gabinete que el titular del Mininter ignore cómo se elaboró el proyecto (cuando le hicieron la pregunta dijo que mejor le consulten al ministro de Transportes). Este tipo de iniciativas tiene que ser defendido por todos los titulares y no solo por los directamente involucrados.