Editorial: Situación de emergencia
A la inseguridad (que siente el 96% de limeños según la encuesta Pulso Perú) se le suma la impunidad, pues es usual que los delincuentes sean liberados por los jueces, generalmente por “falta de pruebas” o por la presentación de recursos legales sujetos a interpretaciones, a veces incomprensibles, de parte de los magistrados.
Por: Redacción Gestion.pe
Inseguridad. El cobro de cupos y los asesinatos selectivos eran crímenes que muchas zonas del país sufrieron durante la época del terrorismo. Pero su presencia es hoy igual de atemorizante y, junto con el sicariato, están creando una sensación de desprotección en la población, que se acentúa por la falta de soluciones.
Aunque ya hace varios años que estos delitos se convirtieron en moneda común en el interior del país, en especial en las ciudades que muestran mejores indicadores económicos, el crimen organizado ha comenzado a extender sus tentáculos en la propia capital y sus habitantes están constatando la impotencia de las autoridades para hacerle frente. Es que a la falta de decisión política se suman las mismas deficiencias estructurales que nos restan competitividad económica.
A la inseguridad (que siente el 96% de limeños según la encuesta Pulso Perú) se le suma la impunidad, pues es usual que los delincuentes sean liberados por los jueces, generalmente por “falta de pruebas” o por la presentación de recursos legales sujetos a interpretaciones, a veces incomprensibles, de parte de los magistrados. A esto se suma la modesta capacidad de investigación de la Policía y del Ministerio Público, que no se dan abasto para lidiar con las mafias y sus redes de corrupción.
El Ejecutivo solicitará facultades al Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana. Suponemos que en estos momentos prepara sus proyectos de ley y sería interesante que los hiciera públicos. Por si sirve de ayuda, habría que pensar en otorgar protección a los jueces –quienes muchas veces, por temor, absuelven a los criminales–, replicando la experiencia que se aplicó con los acusados por terrorismo.
También habría que implementar mecanismos que permitan la investigación del aparato legal que defiende a los delincuentes ante la Fiscalía y el Poder Judicial. El congresista Renzo Reggiardo sostiene que al recibir dinero mal habido, estos abogados estarían cometiendo el delito de lavado de activos. El Gobierno ha dejado que este problema crezca hasta alcanzar la magnitud de emergencia nacional. Ya es hora de que actúe.