Difícil de desterrar
Según un informe de la OCDE, los sectores con mayor incidencia de sobornos son petróleo, gas, minería, construcción y transporte.
Por: Redacción Gestion.pe
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Lejanos están los días en que las multinacionales podían incluir en su contabilidad los sobornos que pagaban en países remotos como un gasto deducible de impuestos. Hoy en día, quienes deseen “aceitar” a sus contrapartes tienen que enfrentarse con normas cada vez más duras, tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (1977) y una larga lista de leyes nuevas vigentes desde Reino Unido hasta Brasil.
Pese a los avances legislativos, la práctica del soborno permanece turbia. El primer informe elaborado sobre el tema por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado la semana pasada, arroja algunas luces con un análisis de más de 400 casos internacionales resueltos desde 1999, cuando entró en vigencia la convención anticorrupción de este grupo de países, la mayoría ricos.
Algunos hallazgos confirman lo que se conocía o sospechaba. Los sectores con mayor incidencia de sobornos son petróleo, gas, minería, construcción y transporte. Por su parte, los servicios financieros y el comercio minorista se encuentran bastante limpios. El grueso de los sobornos va a parar a los gerentes de empresas estatales, seguidos de los funcionarios aduaneros. Y Estados Unidos lidera en materia de ejecución de las normas, con 128 casos que resultaron en sanciones.
Pero el informe también tiene novedades sobre algunas creencias. Por ejemplo, el soborno no es un pecado de empleados con malas intenciones o de países pobres. En el 53% de los casos, los pagos fueron realizados o autorizados por gerentes corporativos (y en el 12% de ellos por el CEO).
En más del 40% de las veces, el funcionario que recibió el soborno pertenecía a un país en desarrollo. Sin embargo, este número está probablemente inflado por la disposición de los países ricos a criminalizar la práctica y cooperar con las investigaciones transfronterizas. A menudo, las autoridades son alertadas por las propias empresas: aquellas que colaboran con premura, con frecuencia son tratadas con benevolencia.
Los países más limpios tienden a ser ricos y viceversa. Cuatro de los cinco países mejor ubicados en el último índice de percepciones de corrupción de Transparencia Internacional, que también fue publicado la semana pasada, son nórdicos. Los que tuvieron peores resultados fueron Corea del Norte y Somalia. Es interesante que el puntaje de China haya disminuido, a pesar de la campaña de alto perfil contra funcionarios corruptos que está implementando su Gobierno.
El costo del soborno varía en función del sector. Los constructores pagan un modesto promedio de 4% del valor de la transacción, mientras que las compañías de actividades extractivas pagan 21%. Hay que agregar los crecientes costos de las penalidades y la ejecución de investigaciones internas —por ejemplo, le costaron a Siemens US$ 2,400 millones cuando se sumió en un escándalo de sobornos hace unos años— y la práctica está comenzando a verse mal no solo para las reputaciones sino además para los estados de resultados.
Hasta para las empresas que no son pilladas, el soborno como una parte del negocio está lejos de ser claro. El 2013, un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard y el Buró Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos halló que lo que ganan en mayores ventas las compañías que realizan esta práctica en países corruptos, lo pierden en menores márgenes de utilidades. De acuerdo con la OCDE, el soborno promedio cuesta el 11% del valor de la transacción y el 35% de las utilidades asociadas con él.
Sin embargo, esta práctica se mantiene con vida y buena salud. Uno de los autores del informe de la OCDE señaló en una conferencia de prensa que 390 casos se encuentran bajo investigación —cantidad similar al total resuelto desde que la convención anticorrupción entró en vigencia hace quince años—.
El número de casos concluidos cada año ha estado cayendo desde el pico alcanzado en el 2011, debido a que el tiempo que toma para completar las investigaciones y los procesos ha aumentado a más de siete años, cuando el 2008 era de menos de cuatro años.
Una posible razón de esta ralentización es que las técnicas de soborno son cada vez más sofisticadas y, por ende, más difíciles de detectar. Otra razón podría ser el uso generalizado de estructuras corporativas opacas cuyo fin es ocultar las malas prácticas, las que pueden ser endemoniadamente complicadas de desentrañar.
Las empresas fantasma y otros intermediarios —algunas veces disfrazados como “consultores”— fueron utilizados para trasladar o guardar los montos a pagarse en más del 70% de casos.
El informe de la OCDE subraya la importancia de combatir el uso indebido de empresas fantasma y de legislar para tener mayor claridad en la propiedad de las empresas y los fideicomisos, ya sea a través de registros corporativos accesibles —una medida que está siendo impulsada por algunos países del G20, liderados por Reino Unido— o mediante una regulación más rigurosa de los proveedores de servicios que hacen el papeleo de las empresas nuevas.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd,
London, 2014