Banco Central de Singapur cierra oficina del banco suizo BSI
La Autoridad Monetaria de Singapur ordenó el cierre de BSI por violaciones graves de las disposiciones contra el lavado de dinero y otros fallos.
Por: Redacción Gestion.pe
Singapur/Zurich (Reuters).- El banco central de Singapur ordenó el martes el cierre de las operaciones de BSI en la ciudad estado, luego de que Suiza abrió un proceso penal contra el banco privado basado en su investigación sobre las transacciones del fondo estatal de Malasia, 1MDB.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por su sigla en inglés) dijo que retiró el estatus de BSI Bank, con sede en Suiza, como banco comercial en Singapur y ordenó su cierre por violaciones graves de las disposiciones contra el lavado de dinero y otros fallos.
En un comunicado, el banco central dijo que remitió al fiscal público los nombres de seis miembros y ex miembros de la alta dirección y el personal de BSI Bank para evaluar si cometieron delitos.
“Esta es la primera vez que MAS retira su aprobación a un banco comercial desde 1984, cuando Jardine Fleming (Singapore) Pte Ltd fue cerrada por errores graves en su labor de asesoramiento”, dijo la entidad.
Las investigaciones en Suiza y Singapur que involucran a 1Malaysia Development Bhd (1MDB) se centran en presuntas transacciones financieras fraudulentas utilizadas para canalizar dinero a personas con conexiones políticas y un posible lavado de dinero.
En febrero, el banco suizo EFG International acordó la compra de BSI a la firma BTG Pactual, con sede en Brasil, por 1.330 millones de francos suizos (1.340 millones de dólares).
BSI dijo en un comunicado que el presidente ejecutivo del grupo, Stefano Coduri, renunciará y que adoptó medidas para fortalecer la gestión, incluyendo la introducción de un nuevo director de riesgos y el nombramiento de un nuevo grupo de asesores legales.
1MDB no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Las autoridades suizas dijeron en febrero que una investigación criminal sobre 1MDB reveló que cerca de US$ 4,000 millones de empresas estatales malasias habrían sido objeto de apropiación indebida.