Sunat y Policía incautan ropa y calzados usados valorizados en más de S/. 1 millón
Esta madrugada se intervinieron 290 locales comerciales en la avenida Grau y se incautaron más de 40 toneladas de prendas cuya importación está prohibida.
Por: Redacción Gestion.pe
Personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino esta madrugada un total de 290 locales del Centro Comercial “Fronteras Unidas”, en los que incautaron toneladas ropa y calzado de segundo uso, cuya importación es prohibida por atentar contra la salud.
En este megaoperativo, que se ejecutó en la cuadra 5 de la avenida Grau en el Cercado de Lima, se logró incautar más de 40 toneladas de mercancía, cuyo valor comercial supera el millón de soles.
Para el desarrollo de la acción, se contó con la autorización de descerraje de los establecimientos, los cuales fueron seleccionados previamente durante un trabajo de investigación aduanera.
Además, los efectivos del orden acordonaron todos los puntos de acceso al lugar a fin de evitar que personajes ajenos traten de frustrar la intervención, que se realizó sin ningún tipo de contratiempo.
En este operativo participaron 1,200 efectivos del orden, 120 funcionarios de la Sunat y 20 representantes del Ministerio Público, así como personal del Ministerio de la Producción (Produce).
Hay que indicar que la comercialización de ropa usada está prohibida en nuestro país, así como en las principales ciudades del mundo debido a que contienen gérmenes y ácaros que ocasionan graves enfermedades a las personas que las utilizan, convirtiéndose en focos de infección y atentando contra la salud pública.
Luego de la elaboración de las actas de incautación respectivas, la gran cantidad de mercancía fue trasladada en cinco camiones al almacén central de la Sunat, ubicado en el distrito de Santa Anita.
La Sunat adelantó que continuará con este tipo de acciones a nivel nacional para combatir el ingreso ilegal de mercancías, que causan un grave daño y perjuicio a la salud pública del consumidor final, así como a la industria nacional y a todo el país, promoviendo la formalización de las actividades de los sectores que presentan mayores niveles de evasión y defraudación.