Perú pierde por corrupción estatal unos US$ 3,000 millones al año, estima Contraloría

Fuad Khoury consideró que enfrentar a la corrupción es el problema más importante del país, un cáncer que afecta a todas las instituciones. “Es tan grande que ya no puedes soslayarla”.

Por: Redacción Gestion.pe

(AFP).- El Perú pierde al año unos US$ 3,000 millones por corrupción, según estimaciones oficiales, de los cuales solo se detectan unos 900 millones, en medio de una falta de liderazgo del gobierno para combatir ese problema, reveló a la AFP el contralor de la República, Fuad Khoury.

Consideró que enfrentar a la corrupción es el problema más importante del país, un cáncer que afecta a todas las instituciones. “Es tan grande que ya no puedes soslayarla”.

“Hasta la fecha, ni este gobierno (del presidente Ollanta Humala) ni los anteriores asumieron el liderazgo de la lucha contra la corrupción, porque no han tenido el olfato de un líder de una corporación exitosa”, dijo el funcionario.

Khoury sostuvo que durante su gestión de siete años y que culmina el próximo mayo, se logró estimar que “Perú pierde por corrupción anualmente S/10,000 millones (unos US$ 3,000 millones) y lo que ha logrado detectar la Contraloría es tres mil millones de soles (unos US$ 900 millones)”.

Esta situación hace que los peruanos se acostumbren a hablar de corrupción y de robo como si fuera parte de su vida. “Que robe pero que haga obras”, es una expresión común en período electoral.

Hace unas semanas, el congresista del Partido Aprista, Mauricio Mulder, cuyo líder Alan García fue dos veces presidente (1985-1990, 2006-2011) y es candidato para un tercer mandato, admitió en una entrevista que en las gestiones de García “sí (se robó), no lo hemos negado, la corrupción ha estado presente en todos los gobiernos”.

13,000 denunciados.
La Contraloría denunció penalmente a 13,000 funcionarios por corrupción para recuperar el dinero perdido, entre ellos se encuentran tres exministros del actual gobierno y 11 gobernadores regionales, aunque Khoury no precisó identidades.

“Pese a presentar la documentación sobre irregularidades en la gestión de los tres exministros, la Fiscalía hasta el momento no presenta denuncia penal. En igual situación están los gobernadores regionales acusados”, se lamentó.

Del total de los denunciados y pese a la abundancia de pruebas, solo se han sentenciado a 700 personas con penas menores a cuatro años, lo que no requiere prisión efectiva sino el cumplimiento de una serie de normas, como firmar cada mes o no salir del país.

“Solo 60 funcionarios están presos. No existe voluntad de los jueces para sancionar, tampoco de los congresistas para investigar esos casos”, dijo. Hubo una propuesta para elevar a 20 años las penas para funcionarios corruptos, pero no se aprobó en el Congreso, recuerda Khoury.

El Jefe de la Unidad de Investigación Financiera del ente regulador bancario en Perú, Sergio Espinosa, dijo en noviembre a la AFP que el Congreso no ha aprobado proyectos para levantar el secreto bancario de investigados por corrupción, pese a que organismos internacionales señalan que en Perú se estaría lavando dinero equivalente a entre el 3% y el 5% del PBI anual.

El diezmo se extiende.
En los municipios está enquistado el diezmo, es decir, toda obra que se realiza tiene que pagar el 10% del presupuesto a las autoridades. “El diezmo se ha extendido en las obras del Estado como si fuera un reglamento, una orden, en la que participa el corruptor y el quiere al Estado como un botín”.

“A mitad de mi gestión me dijeron que ya no era un diezmo, sino 15%, y ahora hablan que la coima puede pasar el 20 o 30%”, precisó Khoury.

El nuevo gobierno y Congreso deben apoyar con leyes la labor de la Contraloría para enfrentar a la corrupción, de lo contrario “nos vamos a mantener en el subdesarrollo por siempre, vamos a tener los niveles más bajos de pobreza, se incrementará la informalidad, aumentará el narcotráfico y Perú se convertirá en un país difícil de manejar”, dijo el contralor.

Además de voluntad política, el contralor considera que se necesita una legislación integrada contra la corrupción, gestión pública eficiente, un sector privado decidido, simplificación administrativa, mayor transparencia y mayores sanciones penales.

“Tenemos que aplicar un modelo radical para combatir a los corruptos porque son traidores a la patria”, señaló.