La liquidación del consorcio Gasoducto Sur Peruano puede tomar otro rumbo
La solicitud para un proceso concursal del Gasoducto Sur Peruano en el Indecopi se inició en febrero y marzo del 2017; en agosto se planteó la apelación por Odebrecht que se resolvería en breve.
Por: Miguel Juape
Enagás Perú y Enagás España solicitaron en febrero y marzo de este año, respectivamente, el inicio de un procedimiento concursal en el Indecopi por insolvencia del Consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP). Este pedido en breve podría definirse en segunda instancia, y ordenar el inicio de trámite o la nulidad del pedido.
El proceso concursal a la fecha se mantiene en reserva en el Indecopi.
La solicitud
Entre los objetivos, que impulsan el proceso de insolvencia, está la recomposición de las fuerzas al interior de GSP para la toma de decisiones. No es lo mismo que se adopten por consenso y unanimidad, que las decisiones se adopten con la conformación de una junta de acreedores (abierto el proceso concursal), en donde se toman por mayoría.
De otro lado, una fuente bancaria comentó a este diario que tanto al Estado como a los socios de Odebrecht les convendría que el Indecopi determine el inicio del concurso, ya que el consorcio GSP está quebrado, y eso permitiría alejar la participación determinante de Odebrecht.
La firma brasileña tiene una participación del 55% en el consorcio GSP, 25% de Enagás y 20% de acciones corresponde a Graña & Montero.
Apelación
En agosto, Odebrecht se opuso al inicio del proceso concursal, con una apelación, señalando que el Consorcio GSP no se defendió a la solicitud presentada por uno de sus socios (Enagás), precisamente porque este socio está a cargo de la gerencia general de GSP y es el único habilitado legalmente para oponerse, es decir, habría un conflicto de intereses.
Adicionalmente, habría indicado que algunos acuerdos que se tomaron en el 2016, cuando existía un interés de la compañía China National Petroleum Corp. (CNPC) y Brookfield Asset Management Inc., entre otros, para la compra de las acciones del proyecto, determinaron que Enagás y Graña y Montero realizaran operaciones de financiamiento, que habrían garantizado mejor su deuda, antes que el cobro de Odebrecht.
Y por otro acuerdo de directorio adoptado en marzo del 2017, se estableció que la representación del GSP solo se realizaría con la aprobación de cada uno de los socios. Por lo que, ante la falta de autorización de Enagás, la defensa del Consorcio GSP habría sido inviable.
Gestión consultó con los representes de la constructora brasileña quienes prefirieron no comentar el proceso concursal, indicando que se trata de un proceso de carácter reservado.