Fondo de cobertura Gramercy continúa su lucha contra el Perú por bonos agrarios

Según The Wall Street Journal, las tácticas son similares a las utilizadas en Argentina, Grecia e Islandia.

Por: Redacción Gestion.pe

Un fondo de cobertura de Connecticut está librando una campaña para hacer que Perú pague unos bonos agrarios en los que incumplió el pago hace dos décadas atrás, haciendo eco de tácticas de firmas financieras en los últimos años en Argentina, Grecia e Islandia, informó The Wall Street Journal en un artículo.

Hace aproximadamente una década, Gramercy Funds Management LLC comenzó a comprar bonos agrarios de propiedad en su mayoría de peruanos que los recibían cuando sus granjas familiares fueron expropiadas por el Gobierno en la década de 1960. Gramercy compró el 20% de los bonos a una fracción de su valor nominal y ahora afirma que le deben más de US$ 1,000 millones, de acuerdo a personas familiarizadas con el asunto.

El Gobierno niega esa cifra, y los sucesivos gobiernos han ignorado órdenes judiciales peruanas de pagar la deuda. La cuestión es cómo ajustar las demandas de los tenedores de bonos por décadas de inflación y pagos de intereses perdidos, cuando los tenedores de bonos dicen que se les debe cerca de US$ 5,000 millones y el Gobierno calcula una suma mucho menor. Perú dejó de pagar los bonos en 1992 a raíz de la crisis de la deuda latinoamericana.

Cuando Perú aprobó un decreto en enero del 2014 para pagar menos del 10% de lo que dicen los tenedores de bonos que se les debe, Gramercy envió un ejecutivo a Lima para presionar por un acuerdo. Recibió una escueta respuesta de un funcionario del Gobierno, según una persona informada sobre el asunto: “Haga que nos importe.”

Gramercy, que gestiona unos US$ 6,000 millones, respondió contratando la firma de lobby Podesta Group para influir en los legisladores estadounidenses para que apoyen a los tenedores de bonos, uniéndose a grupos de tenedores de bonos locales y emprendiendo una campaña en los medios en las reuniones de octubre del Fondo Monetario Internacional en Lima.

Ahora, la firma ha obtenido una opinión legal acusando a Perú de violar las regulaciones de valores en un esfuerzo por incentivar a la Securities and Exchange Commission o SEC (Comisión de Bolsa y Valores) de los Estados Unidos de sancionar a Perú. Una portavoz de la SEC se negó a comentar sobre el tema.

El Perú está sujeto a la regulación de la SEC, ya que toma prestado en los mercados globales mediante la emisión de bonos que se rigen por la ley de Nueva York, una opción que probablemente prefiere mantener abierta en momentos cuando una caída mundial de los precios de las materias primas ha provocado déficits presupuestarios.

No es inusual que los fondos de cobertura expriman a los gobiernos con problemas de liquidez para que paguen bonos en default. Elliott Associates de Paul Singer utilizó esta estrategia para obligar a Perú a pagar bonos en el 2000 y ha estado librando una acción similar contra Argentina desde el 2004.

Esta batalla es diferente porque el Perú está en buena forma –su única calificación crediticia A lo ubica por encima de Irlanda e Italia– y porque la mayoría de los tenedores de bonos que exigen el pago son personas en el país.

“No hemos perdido la esperanza de que nos paguen”, dijo Ed Aedo de 72 años de edad, quien dijo que a su familia le deben como US$ 8 millones en bonos que su difunto padre recibió a cambio de su rancho de alpacas hace casi cinco décadas. “Incluso si no lo disfrutamos nosotros, vamos a ver a nuestros hijos disfrutar de esto”, dijo Aedo, quien ha gastado cerca de US$ 15,000 en dicha lucha.

Es poco probable que la atención internacional lleve a Perú a pagar durante el Gobierno del presidente Ollanta Humala, pero podría funcionar después de que este sea sustituido en las elecciones generales del presente año, dijo Aedo.

Hasta ahora, los compradores de los bonos internacionales de Perú ven la campaña de Gramercy como poco más que un espectáculo secundario. Un bono a 10 años que el país emitió en octubre cotizaba esta semana con un rendimiento del 2.4%, casi lo mismo que los bonos de empresas de primera línea como Johnson & Johnson.
“Nos gusta bastante Perú”, dijo Koon Chow, estratega senior de Union Bancaire Privée, citando el crecimiento económico de Perú, su restrictiva política fiscal y sus reservas sustanciales. Koon Chow dijo que el país cuenta con el dinero para pagar cualquier juicio si un nuevo gobierno decide hacerlo.

Cuando los fondos de cobertura compran deuda soberana en default, por lo general compran bonos internacionales para que puedan luchar contra los países en los tribunales de Estados Unidos o Europa, lo que dificulta el acceso de los deudores a los mercados globales. Pero los bonos agrarios se rigen por la legislación peruana.

Gramercy contrató al profesor de la Escuela de Derecho de Columbia, John Coffee, para proporcionar un dictamen jurídico sobre las revelaciones de Perú a los inversores. Según Coffee, Perú violó la Ley de Valores de 1933 en octubre, cuando emitió un bono de US$ 1,200 millones, diciendo a los inversores en los documentos de la oferta que el país “no estaba involucrado en disputas con sus acreedores internos o externos”.

Los tenedores de bonos agrarios han presentado al menos 450 demandas por el pago por parte del gobierno, de acuerdo con un documento proporcionado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú a los abogados de Gramercy.

Perú “es diligente en su gestión de revelaciones y emisiones de deuda”, dijo un funcionario del gobierno.

El debate se ha hecho de nunca acabar por el tema de cuánto se debe en los bonos, ya que están denominados en una moneda ya desaparecida que Perú utilizaba antes de varios episodios de hiperinflación. Perú sostiene que está dispuesto a pagar a los tenedores de bonos en cumplimiento de una sentencia de julio del 2013 que el tribunal supremo del país estimó en no más de US$ 24 millones, según Coffee.

Un escándalo sobre la decisión del 2013 de la corte estalló el verano pasado después de que uno de los jueces involucrados dijo que la sentencia en sí había sido falsificada usando corrector líquido y que a él se le prohibió publicar su opinión disidente sobre la materia. Un fiscal está llevando a cabo una investigación penal de la sentencia.