Fiscalía amplía 120 días más investigación a Gramercy por bonos
Se está pidiendo información al Congreso de la República, Sunarp, Tribunal Constitucional y Ministerio de Economía y Finanzas, respecto a más indicios sobre los fondos Gramercy.
Por: Vanessa Ochoa
Un nuevo capítulo en la historia de los Bonos Agrarios. La 1° Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima notificó a Rafael Trujillo, abogado de un grupo de expropiados de la Reforma Agraria, que amplía en 120 días adicionales su investigación contra los tenedores de bonos Gramercy Funds Management LLC (GFM), fondo de cobertura de Connecticut que tiene el 20% del total de los bonos de la Reforma Agraria.
Según el documento que se le remitió a Trujillo, al ser el caso complejo, y habiéndosele dado en un inicio un plazo de ocho meses para las diligencias, ahora se dan 120 días más, en razón de que los hechos que sustentaron la denuncia, aún no han sido clarificados.
Piden mayor información
Asimismo, la 1° Fiscalía ha decidido oficiar con carácter de urgencia al Congreso de la República para que en dos días remita información respecto a la moción de la comisión investigadora presentada por la congresista Marisol Espinoza.
También se pedirá a la Sunarp que en el mismo plazo remita información sobre las partidas registrales de la empresa Gramercy Advisor, con el fin de tomar conocimiento de su constitución, además de recabar información del portal web de la misma.
El documento también indica que pedirá información al Tribunal Constitucional para conocer si ha iniciado algún tipo de investigación interna sobre el caso; mientras que al Ministerio de Economía y Finanzas le ha solicitado una relación de personas jurídicas que sean tenedoras no originales de los bonos de la deuda agraria, adquiridos con fines especulativos.
Argumento
Ya el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que el Estado no le debe nada a la compañía Gramercy Fund Management, que ha entablado una demanda contra nuestro país por US$ 1,600 millones, exigiendo el pago de los bonos de la deuda agraria.
El argumento del Estado peruano es que estos bonos fueron emitidos en la década de 1970 y están contemplados bajo la ley peruana, además de no ser bonos reconocidos internacionalmente.