Fin del espacio Schengen le costaría más de US$ 517,000 millones a la UE en diez años

La reinstalación de controles en las fronteras internas de Europa, un escenario cada vez más temido a la vista de las reacciones a la crisis de los migrantes, se traduciría en “aumentos masivos de costes y precios”.

En un escenario optimista, los costes de producción en la UE aumentarían un 1%.

Por: Redacción Gestion.pe

Berlín (AFP).- El fin del espacio europeo de libre circulación Schengen le costaría por lo menos 470,000 millones de euros (unos US$ 517,580 millones) en diez años a los países de la Unión Europea, y decenas de miles de millones a Estados Unidos y China, según un estudio alemán publicado hoy.

La reinstalación de controles en las fronteras internas de Europa, un escenario cada vez más temido a la vista de las reacciones a la crisis de los migrantes, se traduciría en “aumentos masivos de costes y precios”, según este estudio realizado por el instituto Prognos para la Fundación Bertelsmann.

Prognos se dedicó a cuantificar la pérdida de tiempo que ocasionarían los controles fronterizos. Estos ipmlicarían gastos de personal más elevados para las empresas y también costes de almacenamiento, en la medida en que ya no podrían hacerse entregas tan rápido como ahora.

En un escenario “optimista”, los costes de producción en la UE aumentarían un 1%, amputando 470,000 millones de euros al PBI de la UE en diez años (2016-2025). Actualmente, el Producto Interior Bruto anual de los 28 ronda los 15 billones de euros.

Los sobrecostes tendrían un impacto fuera de Europa, por medio de un alza de los precios a la importación. El estudio cifra la carga para la economía estadounidense en 91,000 millones de euros en diez años, y en 95,000 millones para China.

En un escenario “pesimista”, en el que los costes de producción aumentarían una media del 3%, el PIB de la UE perdería 1.4 billones de euros.

“Si se reinstalan las fronteras, el crecimiento, ya de por sí débil en Europa, sufrirá todavía más presión”, comentó Aart De Geus, presidente de la Fundación Bertelsmann. “Al final, son los ciudadanos los que pagan la factura”, estima.