Ecuador da por terminados tratados de protección de inversiones con 12 países, incluido Perú

Los acuerdos de protección de inversiones de Ecuador con 12 naciones se mantendrán aún en vigencia por varios años, como establecen las condiciones, y eran los últimos que a Ecuador le restaba dar por terminados.

(Foto: Reuters)

Por: Redacción Gestion.pe

(AFP) El Congreso de Ecuador, de mayoría oficialista, aprobó dar por terminados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con 12 países, incluido Estados Unidos y China, por los que ha sido sometido a millonarios arbitrajes internacionales.

La Asamblea Nacional resolvió denunciar acuerdos de protección de inversiones que mantiene con China, Chile, Venezuela, Holanda, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia, los cuales son inconstitucionales según la Corte Constitucional ecuatoriana.

La presidenta de la comisión legislativa de Relaciones Internacionales, la oficialista María Augusta Calle, indicó que los TBI contradicen la Constitución nacional, que prohíbe al país celebrar tratados en los que ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitrajes internacionales en controversias contractuales o de índole comercial, de acuerdo a un comunicado del Parlamento.

Los acuerdos de protección de inversiones con esas 12 naciones se mantendrán aún en vigencia por varios años, como establecen las condiciones, y eran los últimos que a Ecuador le restaba dar por terminados.

Ecuador negoció TBI con 30 países desde 1965, sin que entraran en vigencia con Panamá, Costa Rica y Rusia.

El presidente Rafael Correa, en el poder desde el 2007 y cuyo mandato concluirá el próximo 24 de mayo, promovió una Carta Magna en vigencia desde el 2008, a raíz de la cual denunció los demás tratados con estados como Alemania, Gran Bretaña, Suecia y Francia.

La diputada Calle señaló que bajo los TBI Ecuador ha sido llevado por petroleras como las estadounidenses Chevron y Oxy y otras empresas a una treintena de arbitrajes ante cortes internacionales por unos US$ 12,000 millones, de los cuales ha enfrentado fallos en su contra por US$ 1,828 millones.

En el 2006, Quito debió pagar unos US$ 1,000 millones a Oxy como indemnización porque su contrato fue cancelado en el 2006 por el gobierno ecuatoriano aduciendo la venta ilegal de acciones.

Correa es un duro crítico de los TBI y ha sostenido que sentencias internacionales producto de esos acuerdos podrían “quebrar” al país y que muchos “son un asalto a nuestra soberanía”.

Ecuador promueve la creación de instancias regionales para la solución de controversias en materia de inversiones.