Argentina se queda con pocas opciones tras decisión juez de Estados Unidos sobre deuda
Fallo judicial ordena al Gobierno argentino a pagar 1,330 millones de dólares a tenedores de deuda impaga. Los mercados temen que el país caiga en una cesación de pagos técnica.
Por: Redacción Gestion.pe
Buenos Aires (Reuters).- Argentina, que hace una década declaró la mayor cesación de pagos de la historia, se enfrenta a la posibilidad de una nueva crisis de deuda tras un duro fallo judicial en Estados Unidos que obliga al país a depositar de inmediato cientos de millones de dólares para compensar a tenedores de bonos impagos.
Cerca de un 93% de los acreedores de Argentina acordó participar en dos canjes de deuda en el 2005 y en el 2010. El resto se negó a tomar esas ofertas y siguen presionando en tribunales alrededor del mundo para cobrar su dinero bajo los términos originales de los títulos.
El miércoles por la noche el juez de distrito de Nueva York Tomas Griesa, ante un pedido de una corte de apelaciones, dijo que el país debe pagar de inmediato a tenedores de títulos incumplidos 1,330 millones de dólares.
Dejó además sin efecto una medida cautelar que protegía de embargos a los pagos de Argentina por su deuda reestructurada.
La resolución generó ventas de bonos de la tercera economía latinoamericana por temor a que la justicia estadounidense, para compensar a los fondos litigantes, incaute parte de los 3,100 millones de dólares que Argentina debe pagar en diciembre a tenedores de deuda reestructurada.
Esto sería considerado por el mercado como una cesación de pagos técnica.
La presidenta peronista Cristina Fernández, que llama a los inversionistas de este caso NML Capital Ltd y Aurelius Capital Management “fondos buitre”, ya anticipó que no les pagara.
A continuación, escenarios posibles que, según expertos, Argentina puede enfrentar tras la decisión de Griesa.
Argentina insiste ante Corte de Apelaciones
La sentencia del miércoles de Griesa fue elevada en forma automática a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito para su revisión. El trámite debería ser rápido dado que esa corte ya dijo en un fallo que coincide con Griesa en que Argentina discriminó a los tenedores de bonos que rechazaron los canjes.
La semana pasada, el Gobierno pidió a la corte de apelaciones que revise el fallo con el que respaldó a Griesa. Pero ese escenario parece improbable, según expertos legales.
Argentina también podría pedir a Griesa que vuelva a dejar en suspenso su fallo, como lo hizo cuando el caso fue elevado a la corte de apelaciones, ya que el juez es el único que tiene potestad para hacerlo.
Pero eso también luce casi imposible, debido al fuerte tono crítico del último fallo del magistrado, en el que manifestó sus dudas sobre la voluntad de Argentina de acatar sus fallos.
Si la corte de apelaciones acepta la fórmula propuesta por Griesa, ordenaría al agente de pagos de Argentina, el Bank of New York Mellon retener parte de estos fondos para resarcir a los acreedores con bonos impagos.
En ese caso, los tenedores de deuda reestructurada recibirían menos de lo que les corresponde y Argentina entraría en una cesación de pagos.
De ser así, podría dispararse una ola de litigios de tenedores de bonos reestructurados que quedarían en desventaja frente a los litigantes, dejando en un limbo legal la deuda “performing” de unos 24,000 millones de dólares.
Argentina acude a Corte Suprema
El Gobierno argentino podría llevar al máximo tribunal estadounidense su reclamo de fondo sobre la cláusula “pari passu” argumentando que no cometió ninguna discriminación debido a que los fondos “buitre” podrían haber aceptado los canjes.
Si aceptara estudiar el caso, la corte, que toma unas 70 u 80 causas de 10.000 peticiones anuales, debería aclarar si esta decisión tiene o no efectos suspensivos sobre el proceso.
El caso podría ser aceptado por la Corte Suprema debido a sus implicancias jurídicas para futuras reestructuraciones de deuda pública o privada.
El Departamento de Justicia estadounidense consideró que la interpretación de Griesa del “pari passu” da demasiado poder a los inversores que no aceptan los canjes y pone en riesgo las reestructuraciones de deuda soberana.
En el camino de su defensa, Argentina podría también suspender la llamada “ley cerrojo” y reabrir el canje de deuda para apoyar el argumento de que no discrimina a ningún acreedor. Sin embargo, esa idea es rechazada por el Gobierno.
La “ley cerrojo” impide al Gobierno lanzar un canje de deuda o negociar con tenedores de bonos no reestructurados sin la aprobación del Congreso, donde tiene mayoría con sus aliados.
Un nuevo incumplimiento aumentaría la inseguridad jurídica en Argentina, cuyo Gobierno es criticado por inversores extranjeros por su control sobre la economía, al tiempo que se desvanecería aún más el alicaído crédito al sector privado.
También bloquearía cualquier acceso a fondos externos para proyectos de inversión, infraestructura y comercio exterior, al tiempo que los balances de bancos e inversores institucionales se deteriorarían debido a sus tenencias de bonos locales.
Argentina no se fondea en los mercados internacionales de capitales desde su declaración de cesación de pagos.
Argentina ignora la decisión de la Corte
Si pierde su batalla legal, Argentina podría negarse a aplicar la fórmula de compensación propuesta por Griesa.
Esta posibilidad es vista como posible dado que el país ha disputado sistemáticamente cada decisión judicial en favor de los fondos “buitre” y se ha negado a acatar algunas sentencias judiciales que dispusieron que se los compense por daños.
Argentina considera que su responsabilidad con los tenedores de bonos reestructurados termina cuando deposita los fondos en la cuenta en Buenos Aires del Bank of New York Mellon.
Cuando la entidad transfiere el dinero a Nueva York, esos fondos ya son propiedad de los acreedores, no del Tesoro argentino, por lo que un embargo no implicaría que incumplió con los pagos, según la visión del país sudamericano.
Pero Griesa dejó en claro que todas las entidades intermediarias en el pago de los títulos son responsables por el cumplimiento de sus fallos.
Argentina paga la deuda no reestructurada
Aunque luce improbable, Argentina podría terminar pagándole a los tenedores que reclamaron ante la justicia, ya sea cumpliendo con el fallo de la corte o llegando a alguna clase de acuerdo. Esto podría disparar demandas de los acreedores que aceptaron participar de los canjes.
Para resarcir a los tenedores de bonos incumplidos, el Gobierno debería primero suspender la “ley cerrojo”.
Abogados vinculados a esos fondos consideran que Argentina está cerca de un punto de no retorno, ya que debería optar pronto por buscar un acuerdo con los litigantes o empezar a remunerar sus tenencias.
Ese punto de no retorno fue alcanzado por Perú en el 2000, cuando la firma matriz de NML, Elliott Associates, usó esta misma estrategia para buscar bloquear un canje de deuda peruana.
En esa oportunidad, Elliott convenció a una corte belga de que bajo esa cláusula todos los acreedores deberían ser tratados con igualdad.
Perú finalmente llegó a un acuerdo con Elliot para evitar caer otra vez en “default”, pero los montos involucrados en la negociación eran mucho más bajos que los que se reclama a Argentina, que algunos analistas estiman en unos 11,000 millones de dólares por la deuda no reestructurada.
NML obtuvo el mes pasado un fallo favorable en una corte de Ghana para retener una fragata Argentina utilizada para viajes de estudios de la Marina, como parte de sus esfuerzos por cobrar bonos incumplidos por 300 millones de dólares.