“Algunas normas, con la idea errada de proteger a la familia, afectan la gestión de colegios privados”

Desde la eliminación de los sistemas de admisión hasta mecanismos coactivos para cobros, Alberto Melgar, director del Colegio Nivel A, explica los vacíos en la legislación actual que dificultan la gestión de colegios privados.

Por: Barbara Salas Vanini

De acuerdo con Alberto Melgar, director del Colegio Nivel A, la legislación y fiscalización actual puede afectar la gestión adecuada de escuelas privadas.

“La legislación de un tiempo a esta parte sí complica un poco la actividad, tanto para los promotores de sistemas educativos como al resto de la comunidad educativa. Se han dado algunas normas que, con la idea de errada, de proteger a la familia, afecta el normal desenvolvimiento de los colegios privados”, sostiene el educador.

Así, Melgar sostiene que el mensaje de ciertas normas que los colegios privados tienen que lidiar año a año es que el padre de familia necesita protegerse de su “aliado”, el colegio, y que el Estado lo asistirá.

Casos
Ante el descubrimiento de que algunos colegios transaban acuerdos ilegales con algunas editoriales para sacar ventaja a la venta de libros, la respuesta del Estado fue establecer que un comité de padres de familia elija los libros para todos los grados académicos por votación.

Para Alberto Melgar, esta imposición genera una serie de distorsiones como, por ejemplo, que no haya relación alguna entre los libros de grados consecutivos.

Asimismo, en base de la ley de protección de la economía familiar, los colegios ya no cuentan con elementos coactivos para cobrar a los padres de familia.

“Una persona puede matricularse en febrero, dejar de pagar en marzo, abril, mayo, junio, y uno no tiene manera de coaccionarnos (…) El colegio tiene una función social que no debe perder, sin embargo, es una organización que necesita viabilidad. Es irresponsable no cobrar. A la medida que una institución no pueda planificar sus medios, no puede presupuestar, no puede invertir, hay un margen de riesgo mayor”, sostiene Melgar Pinto.

Otras normas que perjudicarían la gestión de escuelas privadas sería la prohibición de los sistemas de admisión, límites al uso de los uniformes y al requerimiento de materiales educativos, entre otros.

“Hay un trasfondo ideológico de un sector de la población que todavía entiende que la educación privada no es del todo buena. El hecho de tener una actividad económica que desarrolle la labor educativa es cuestionable. Hay una trasfondo ideológico de que quizá no sea bueno “hacer negocio” con esa necesidad”, señala.

El director del Colegio Nivel A sostiene que, en lugar de estas normas, las escuelas deberían regirse por estándares de calidad que establece en competitivo mercado educativo. Además, indica que las autoridades deberían enfocarse en recopilar información, diseñar rankings de colegios y difundir los resultados de las pruebas estandarizadas que toma el Ministerio de Educación.