Agenda más allá de los buenos deseos (II)
El reto fiscal que enfrentamos puede no ser evidente en el corto plazo. Pero si no hacemos algo, las consecuencias serán claras a partir del 2019.
Por: Redacción Gestion.pe
Alonso Segura Vasi
Exministro de Economía y Finanzas, y profesor de la PUCP
En la primera parte de este artículo (Gestión 04.08.17), abordamos el reto de la reactivación y el aún más complejo de elevar el crecimiento de largo plazo de la economía. Ello demanda importantes recursos públicos, que exceden el espacio fiscal futuro. Esto último ocurre porque una tasa menor de crecimiento y un mayor déficit fiscal conllevan a una senda insostenible de acumulación de deuda pública.
Nuestra relativa baja deuda nos protege por ahora, pero solo mientras se perciba que tengamos la capacidad de estabilizarla en el futuro. Si no hacemos algo, enfrentaremos un dilema de ajustes forzosos o pérdida de credibilidad, evidente a partir del 2019.
Crecimiento potencial
Elevar el crecimiento potencial es el principal canal para mitigar los problemas de insostenibilidad de deuda. Pero la causalidad inversa también es cierta, pues la política fiscal puede ayudar a generar mayor crecimiento a través del gasto público y del buen estándar crediticio del país que permite mayores inversiones y endeudamientos en mejores condiciones.
En este contexto, ¿qué hacer para reencauzar la política fiscal? El principal reto es una reforma tributaria creíble que genere los recursos que posibiliten una trayectoria razonable del gasto público a la vez de lograr la consolidación de las cuentas públicas en el mediano plazo. Esto va más allá de la estabilización de las devoluciones, la amnistía, o la recuperación cíclica de los ingresos en los próximos meses.
No es cierto que en materia tributaria se hayan adoptado “medidas discutibles al final del Gobierno anterior”, en alusión, aparentemente, a una racionalización menor del sistema de detracciones, el cual creció desproporcionadamente, imponiendo al sector privado sobrecostos que no le corresponden. Es un mal necesario, pero se ha llegado al punto que casi la mitad de la recaudación del IGV- decenas de miles de millones de soles- ahora la realiza el sector privado.
En contrapartida, el régimen tributario Mype (Remype) está generando fuertes pérdidas de recaudación debido a un error conceptual: gravar progresivamente la renta de las empresas, lo que induce su división. ¿Qué empresa pagaría 29.5% de renta si puede pagar 10%? Hay múltiple evidencia internacional que muestra que usar la política tributaria para formalizar no funciona.
Menos con estos incentivos perversos. ¿Y en cuanto a renta personal, es razonable que en un país con las carencias del nuestro, ahora haya deducciones para “personal trainer”? La recomendación técnica es la contraria, reducir el tramo de deducción general, que es mucho más elevado que en otros países. La tributación predial y los selectivos son otras áreas donde pueden hacerse propuestas justificadas pro- recaudación.
¿Y que hay de las medidas para combatir la gran elusión, como los lineamientos generales para la aplicación de la norma antielusiva general- Norma XVI- que se dejaron listos al final del Gobierno pasado? ¿O la normativa para levantamiento de secreto bancario de parte de Sunat y la UIF, o aquella que regula la figura del beneficiario final? El Gobierno tenía facultades delegadas para estas materias, pero no se hizo nada.
La administración tributaria necesita urgentemente contar con estas herramientas para una lucha más eficaz contra la evasión y la elusión, en un contexto en que vemos una proliferación de offshores en paraísos fiscales y está en proceso una generosa amnistía tributaria, cuyo reglamento privilegia la recaudación, pero sacrifica funciones y competencias de control.
Gasto público
Por el lado del gasto público, hay que desterrar preconceptos errados. El gasto corriente no es alto en el Perú. Es entre 5% y 7% menor en relación al PBI que el de nuestros socios de la Alianza del Pacífico. Quienes hacen estas críticas omiten mencionar la complementariedad entre el gasto corriente y el de capital. ¿De qué sirven comisarías sin policías u hospitales sin médicos? Los programas de becas, los fondos de innovación, los funcionarios que negocian apertura de mercados, las inspecciones laborales y ambientales, son intensivas en gasto corriente.
Basta viajar por el Perú para ver que no sobra, sino que falta presencia del Estado, problema aún más crónico en zonas rurales. Es cierto que se debe continuar mejorando la eficiencia del gasto, pero dejemos de satanizar todo lo que no sea inversión pública. Recordemos, además, que somos uno de los países con mayor inversión pública en la región. Allí también hay que mejorar eficiencia, pues escalar no es el principal problema. Menos aún con nuestra presión tributaria.
Es un grave error menospreciar la función pública y a la real tecnocracia del Estado, que no son ni ministros ni viceministros. Estos deben aportar liderazgo, pero requieren de una institucionalidad debajo. Si se sigue caricaturizando a los funcionarios públicos como trabadores y burócratas- que los hay, pero es injusto considerarlo como la norma- no vamos a avanzar como país. Lo que se necesita es un fortalecimiento del servicio civil. ¿Se ha avanzado en desplegar Servir en los últimos doce meses?
Es oportuno que el Gobierno se aboque con sentido de urgencia a la reactivación. Pero su ancho de banda tiene que ser mayor. Debe articular en simultáneo estrategias que fortalezcan los cimientos del crecimiento de largo plazo, sin prejuicios, y prestando atención a cómo generar los ingresos para pagarlas.