El 52.63% de denuncias por barreras burocráticas está concentrado en el Gobierno, afirma la CCL

Las entidades y funcionarios que desacaten las resoluciones del Indecopi serán sancionados hasta con S/. 76,000 de multa. Las municipalidades distritales y provinciales condensan el 36.84%, y el 10.53% restante corresponde a otras entidades públicas.

Por: Redacción Gestion.pe

El Gobierno (ministerios, instituciones estatales, entre otros) es el que genera más barreras burocráticas contra los administrados con una cifra condensada en 52.63% de denuncias por imposición de tales barreras, informó Víctor Zavala, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) respecto a la publicación de estadísticas oficiales de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CBB) de Indecopi.

Según las estadísticas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que genera más barreras. Las municipalidades distritales y provinciales concentran el 36.84%, y el 10.53% restante corresponde a otras entidades como universidades públicas y gobiernos regionales.

“De un total de 158 procedimientos –durante el segundo semestre de 2013- el 74% de las denuncias se declararon fundadas al contrastarse que se trataron de barreras ilegales o carentes de razonabilidad”, indicó Zavala.

Hasta el año 2010 las municipalidades tenían el récord de generar el 80% de barreras burocráticas e ilegales e irracionales en perjuicio de los ciudadanos y de las empresas que realizan gestiones en las dependencias públicas.

Sanciones
“Para contrarrestar la proliferación de barreras burocráticas en los distintos niveles de gobierno, con la Ley 30056 se facultó a Indecopi a imponer multas a las entidades, funcionarios y servidores públicos que impongan u ordenen la aplicación de trabas burocráticas, una vez declaradas ilegales o irracionales por la CBB”, informó Zavala.

La Resolución 317-2013 del Indecopi establece que, en caso de funcionarios públicos independiente de su régimen laboral la multa a imponerse no debe superar el 30% del total de remuneraciones percibidas en el año anterior a la infracción o durante el tiempo laborado por el servidor.